La herencia económica en la Administración Publica de Canarias

Desde hace años venimos observando como decisiones inoperantes de muchos altos cargos terminan siendo judicializadas y en muchas ocasiones con consecuencias económicas a las que tiene que hacer frente la Administración Pública de Canarias.

Estamos hablando de muchas demandas laborales que son interpuestas por trabajadores/as, de forma colectiva o individual, y que finalmente son estimadas en última instancia por los juzgados, fallando a favor de los mismos y con repercusiones económicas que tienen que ser abonadas por la propia Administración.

Pero en realidad quien realmente paga esta nefasta gestión de nuestros altos cargos, somos los ciudadanos/as, los trabajadores/as, con nuestros impuestos.

Un ejemplo claro lo tenemos si enfocamos nuestra mirada en “aquellos” que decidieron recortar un 20% a un sector del personal laboral y funcionario interino de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Finalmente los juzgados han fallado a favor de los trabajadores/as y por lo tanto la Administración Pública ha tenido que hacer frente a un gran desembolso económico además del correspondiente interés de demora.

Esto es solo un ejemplo, pero llevamos años asistiendo a innumerables casos jurídicos perdidos por la Administración Pública que desembocan en grandes desembolsos económicos y sin que ello suponga ninguna penalización hacia el “autor del delito”.

Con especial asombro observamos como no solo no se penalizan estas malas gestiones, sino que los Altos Cargos, cuando abandonan sus funciones y se reincorporan a su puesto de funcionarios públicos, son “recompensados” con indemnizaciones por su “gran labor”. Eso sí, este trámite suele realizarse de forma muy sigilosa pues no interesa dar esa imagen.

Como es posible que se puedan tomar decisiones de este calado en la Administración Pública y no exista ninguna responsabilidad por parte de quien la toma. En una empresa privada la responsabilidad de la toma de decisiones recae en sus propios gestores y la mala gestión se paga pero no por los consumidores.

Desde co.bas Canarias pensamos que es necesario e imprescindible que exista una ley de responsabilidad política y económica, como medida de protección de los intereses de todos los ciudadanos/as. Las repercusiones de una mala gestión en una empresa privada podría derivar en la reducción de la plantilla o en el propio cierre de la misma, además de la exigencia de responsabilidad “al culpable”. En la Administración Pública una mala gestión parece que no tiene repercusión pero la realidad es que sus efectos repercute en cada uno de nosotros y no en los verdaderos culpables.

nota de prensa